La  Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario (2022), establece que todos los agentes de la cadena alimentaria: operadores pertenecientes al sector primario, incluyendo cooperativas y demás entidades asociativas, entidades o empresas de elaboración, fabricación o distribución de alimentos, comercios al por menor, empresas del sector de la hostelería o la restauración y otros proveedores de servicios alimentarios, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro que prestan servicios de distribución de alimentos donados, así mismo las Administraciones públicas, tendrán que disponer de un Plan de Aplicación para la Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario que contemple la forma en que aplicará la jerarquía de prioridades establecida en el artículo 5 de la citada ley.

Además, las empresas que venden alimentos a un consumidor final adoptarán medidas de buenas prácticas formando y sensibilizando sus trabajadores o personal de voluntariado para que actúen de forma activa en la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario implicándoles en esta acción.

Objetivos:
• Conocer los requisitos del proyecto de ley y saber cómo aplicarlos en las empresas de alimentación.
• Aprender prácticas concretas de prevención, incluyendo la donación de alimentos.
• Adquirir mayor conciencia y sensibilización frente al desperdicio alimentario.

Para poner en práctica la ley, se detalla cómo implementar el Plan de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario en la empresa.

El régimen sancionador establece como falta grave no contar con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio
alimentario, para la que prevé sanciones que pueden oscilar entre 2.001 y 60.000 euros

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